La titular de la Dirección de Información y Defensa de los afiliados a Seguridad Social (DIDA), Nélsida Marmolejos, afirmó que en República Dominicana, hay alrededor de 78,000 trabajadores que no están registrados en el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) en empresas del país.
Tras las denuncias hechas por el senador José María Sosa, donde solicita a la presidenta de la Asociación Dominicana d Administradoras de Fondos de Pensiones (Adafp), Kirsis Jáquez, la explicación sobre los supuestos fraudes relacionados a cotizaciones de empleados en la Seguridad Social con salarios muy inferiores a los mínimos establecidos, Marmolejos indicó que esta situación está en manos del consejo.
“Cuando el consejo se ponga en movimiento va a solucionar esta problemática ya que hay trabajadores en empresas que están siendo reportados en la Seguridad Social con salarios por debajo del mínimo y se supone que ninguna empresa debe pagar por debajo del salario mínimo a ningún empleado”, especificó la funcionaria. Además resaltó que están trabajando conjuntamente la Tesorería Nacional para que se prohíba determinantemente el registro de aquellas personas que estén por debajo del salario mínimo, porque es una acción ilegal.
Resoluciones
Explicó que CNSS tiene resoluciones que permiten que empresarios que tienen empleados intermitentes que no califican para el reconocimiento en la seguridad social porque devengan un salario menor al salario mínimo, sin embargo este medio ha sido utilizado por “avivatos” para tratar de pasar personas que no reúnen las condiciones de la ley.
Nélsida Marmolejos señaló que el país se ha caracterizado por tener deficiencia y la baja calidad en los servicios públicos y por ello, el Ministerio de Administración Pública y la Dirección de Información y Defensa de los afiliados a Seguridad Social ponen en circulación la carta compromiso con el objetivo de reafirmar los deberes públicos y los beneficios de los ciudadanos.
“La cultura que se está tratando de imponer es que todo ciudadano tiene derechos y que todo servidor público se debe al ciudadano. Los cargos son pasajeros y los mandatos que da la ley son para que el funcionario los asuma en el cargo y los cumpla”, aclaró Marmolejos.
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