25/06/2012 12:00 AM – ANDRÉS DAUHAJRE HIJO
El consumidor es el rey en una economía de mercado. Sin embargo, los privilegios nunca deben violar las reglas de la sana competencia y destruir el necesario balance que debe existir entre los intereses de los que producen, venden y consumen. Después de todo, la mayoría de los consumidores trabajan en empresas que producen y venden. Si los privilegios que se confieren al rey son excesivos, la monarquía no podrá evitar el caos y colapsará.
Imagine que usted como consumidor tiene acceso a internet y a una tarjeta de crédito. Suponga que lo que usted compre por internet en el exterior lo puede recibir libre del pago del arancel, del impuesto selectivo al consumo y del Itbis que cobran las aduanas, cuando el valor de la compra sea inferior a 200 dólares (7,830 pesos). Comprar por internet es un proceso rápido, cinco minutos, cero costo.
La otra opción es ir a un comercio local a comprar el producto que desea. Para ello debe ir en su vehículo, el cual le costó el doble de lo que cuesta en el país de origen por los elevados impuestos que debe pagar la empresa local que los importa. Debe detenerse en la bomba para llenar el tanque con una de las gasolinas más caras de la región. Una vez llega al establecimiento descubre que el producto que quiere comprar cuesta un 35% más aquí que si lo compra por internet, libre del pago de impuestos. La razón de la diferencia de precios es que mientras usted como consumidor por internet recibe el privilegio de no pagar impuestos, cuando se convierte en consumidor que compra en un establecimiento local, la exoneración de impuestos no aplica.
La empresa que vende el producto que usted desea comprar ha tenido que pagar el arancel de 20%, en ocasiones el impuesto selectivo al consumo cuyas tasas oscilan entre 10% y 130%, y siempre el Itbis de 16%, que en el 2011 conllevó el pago de 30,000 millones de pesos del sector comercio a la DGA y la DGII. Agréguele a eso que el comercio tiene que pagar una electricidad relativamente cara para que usted pueda comprar en un ambiente bien iluminado y con aire acondicionado. Que los empleados que le atienden en ese negocio no trabajan gratis y que además de recibir su salario, le representan a la empresa costos adicionales por concepto de preaviso, cesantía, vacaciones, salarios de navidad, horas extras pagadas con una prima de 35% en días normales y 100% en días feriados, seguro familiar de salud (ARS), complemento del seguro de salud, cotización al sistema de pensiones (AFP), Infotep, accidente de trabajo y bonificación, que al final suman el 65% del salario, el sobrecosto laboral más alto de Latinoamérica. Añada a eso el impuesto sobre la renta de 29%, el impuesto a los activos, los anticipos, los tributos al ayuntamiento, los impuestos sobre los seguros y las telecomunicaciones que paga la empresa, el Itbis sobre la publicidad, los impuestos sobre equipos de transporte de carga que utilizan, los impuestos sobre los combustibles que consumen, y las tarifas por consumo de agua y colocación de letreros.
Al consumidor, que no tiene esa información, muchas veces al salir de estos comercios se le escucha decir : “¡Qué ladrones!, me quieren cobrar 1,350 pesos por algo que si lo compro por internet me sale en 1,000. Que se jodan, lo pido por internet. ”
No hay dudas que la regla establecida por la aduana dominicana de liberar de impuestos las compras por internet de hasta 200 dólares que llegan a través de las empresas de “courier”, sin proponérselo, está destruyendo el necesario balance que debe existir entre los intereses de los vendedores locales y los consumidores.
En el 2011, las compras de dominicanos por internet, en su mayoría a empresas del exterior, alcanzaron US$737.3 millones, equivalente a 1.32% del PIB, el nivel más alto de la región. Como porcentaje de las ventas totales del comercio local ya representan el 3.5%, que aunque por debajo del 15% en los EUA, muestran un crecimiento vertiginoso. Más importante aún, alcanzaron en el 2011 un nivel equivalente al 27.5% de las importaciones de bienes de consumo sujetas al pago de aranceles e Itbis (excluyendo combustibles, medicinas, alimentos, arroz, azúcar y leche).
En la medida que las compras de dominicanos en los comercios establecidos en el país bajen por las exenciones impositivas en las compras por internet, la capacidad de generación de empleos del comercio irá reduciéndose. No es por casualidad que mientras el PIB real creció en 33% del 2006 al 2011, el empleo en el comercio formal apenas creció en 6.5%.
Dos opciones. O se elimina la exención para las compras por internet inferiores a 200 dólares o a los comercios se les otorga un crédito impositivo por el equivalente al 36% (arancel + Itbis) de cada una de las ventas inferiores a 7,830 pesos que realicen. Así garantizaríamos la misma regla para todos y los consumidores no tildarían de ladrones a los comercios.