Escrito por: EMILIO ORTIZ (economía@elnacional.com.do)
Varias de las principales asociaciones empresariales del país estimaron que la modificación de la Ley 28-01 que crea una Zona Especial para el Desarrollo Fronterizo se ha convertido en una necesidad, ya que además de su desnaturalización, mala aplicación y peor administración, tiene un consejo directivo contrario al orden legal, ya que es controlado por legisladores y no por representantes del Poder Ejecutivo.
El planteamiento fue realizado por representantes del Consejo Nacional de la Empresa Privada Conep), la Asociación de Industrias (AIRD), Organización Nacional de Empresas Comerciales (Onec) y la Asociación Dominicana de Industrias Textiles (Aditex), en su participación en el almuerzo semanal de los medios de comunicación del Grupo Corripio.
Opinaron que la desnaturalización de las funciones originales de la ley para el desarrollo de la frontera ha devenido en la creación de una especie de paraíso fiscal que ha llevado a que el Gobierno realice un sacrificio fiscal superior a los mil 100 millones de pesos en el 2012, sin que se cumpla con el principal objetivo del comercio, que es la generación de empleos de calidad en las provincias fronterizas.
En sus intervenciones indicaron que la aplicación torcida de la ley, originalmente destinada al fomento de la creación de industrias y agroindustrias en esa zona, sobre todo de aquellas inexistentes en el país, en un régimen especial que les permitiera su desarrollo sin hacer competencia desleal al resto de la industria nacional, puede verse en la aprobación por el consejo rector de su aplicación, de una empresa para importar pacas de ropa usada.
En la actividad participaron Ligia Bonetti, Circe Almánzar y Augusto Ramírez, de la AIRD; Antonio Ramos, de Onec y Ricardo Koening, de Aditex, quienes reiteraron que su intención no es que se derogue la ley, sino que se modifique para evitar la competencia desleal.
En los más de 12 años de aplicación de la ley 28-01, en las provincias fronterizas se han establecido 46 empresas, que el año pasado dejaron de pagar impuestos por mil 100 millones de pesos, sin embargo, esa exoneración del pago de impuestos, un 62 por ciento benefició a sólo cinco empresas y el 83 por ciento a 10 empresas.
Observaron que una ley dirigida al fomento de la generación de empleos, sólo ha generado en ese tiempo cuatro mil 300 empleos la mayor parte de los cuales no corresponde a personas residentes en las provincias fronterizas.
Los líderes empresariales afirmaron que sostuvieron un encuentro con los siete senadores de las provincias fronterizas, a quienes explicaron sus preocupaciones, siendo un paso de avance en esa conversación indicarles a los legisladores que sus aspiraciones no son a que se derogue la ley, sino a que se modifique para que cumpla su cometido.
Dijeron haber encontrado un ambiente de comprensión por parte de los legisladores de la frontera que con anterioridad habían externado su oposición a que se tocara esa ley.
La presidenta de la AIRD dijo, en una de sus intervenciones que han visto el interés del gobierno del presidente Danilo Medina de cumplir con el acuerdo realizado con ese sector de aplicar las resoluciones del último congreso industrial.
Citó entre esa muestra de voluntad política los planes de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, la aplicación de una ventanilla única para las inversiones en el sector turismo y realizar las compras gubernamentales de bienes y servicios en empresas locales.
Sobre este último caso, Almánzar opinó que “esto demuestra que no hace falta una ley para promover las compras nacionales, lo único que se necesita es voluntad política”.
Con relación al tema de las tierras de Bahía de las Águilas, Almánzar opinó que si ese caso duró 16 años en la justicia era por la falta de interés del Estado en que se solucionara.
Precisó que nadie se opone al interés del presidente Medina y sus funcionarios de desarrollar la región Sur, “pero eso tiene que hacerse de manera adecuada, no dándole privilegios a gente que obtuvo títulos de propiedad de manera fraudulenta”.
Bonetti, además, dijo que si se plantea la revisión del contrato con la Barrick Pueblo Viejo, debe hacerse por mutuo consentimiento de las partes.
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