Varias centrales sindicales y tres cabildos interpusieron un recurso de inconstitucionalidad
Santo Domingo.-El Tribunal Constitucional declaró conforme con la Constitución la parte de la Ley de la Seguridad Social que obliga a las instituciones públicas afiliar a sus empleados al Seguro Nacional de Salud.
La decisión fue adoptada tras rechazar una acción de inconstitucionalidad interpuesta por varias centrales sindicales y tres cabildos de distritos municipales.
La sentencia obliga a que todos los empleados que laboran en instituciones autónomas o descentralizadas pasen al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
La Federación Dominicana de Servidores Públicos, la Central Nacional de Trabajadores Autónomos, la Confederación Unión General de Trabajadores Dominicanos y los ayuntamientos de los distritos municipales La Caleta, Azua y Pueblo Viejo fueron las entidades que interpusieron una acción directa de inconstitucionalidad en contra del SeNaSa y la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril).
La sentencia fue dictada por el alto tribunal el viernes de la semana pasada.
Las entidades y ayuntamientos argumentan que existe una desigualdad en el trato y que “se produce al instituirse un privilegio a favor de un universo de usuarios, es decir, los del sector privado y una discriminación en perjuicio del sector público”.
Asimismo, apuntan a que: “tanto n empleados públicos como privados tienen el derecho de elegir libremente la institución de la que desean recibir la prestación de los servicios y beneficios del Seguro Social”.
En tanto que la aseguradora estatal sostiene en su defensa que es una pieza fundamental del sistema y funge como garante del interés para que la seguridad social llegue hasta los más desposeídos.
También sostiene la aseguradora estatal que todos aquellos afiliados del régimen subsidiado, carga que asume el Estado, necesitan y requieren el apoyo financiero del régimen contributivo para contribuir con la eficacia y la sostenibilidad del Sistema de la Seguridad Social. .
Dida apoya propuesta
La directora de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (Dida), Nélsida Marmolejos, dijo ayer que favorece la propuesta de la Ministra de Trabajo y presidenta del Consejo Nacional de la Seguridad Social, de que todos los extranjeros residentes regularizados reciban los beneficios que otorga la Seguridad Social.
“Nosotros somos signatarios de convenios internacionales y está establecido que una persona que trabaje en un país, que sea residente legal, aunque no tenga la cédula, tiene que recibir salud, ese es un principio de ley y de solidaridad humana”, dijo. Reiteró que nadie que no cotice en el sistema se le da un beneficio.
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