Estudio encargado por Funglode a la Unidad de Inteligencia de The Economist revisa el panorama de crisis y posibles soluciones
El panorama de crisis del sector eléctrico es archiconocido: baja capacidad de producción, mala administración del sector, aumento de la demanda y gestión débil de las distribuidoras; robo generalizado, falta de pago y pérdidas técnicas incontrolables en transmisión y distribución. Todo esto genera problemas financieros que constituyen un reto de mayor envergadura.
Un estudio encargado por la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), realizado por la Unidad de Inteligencia de The Economist, es explícito: las debilidades institucionales y regulatorias, incluyendo las deficiencias en la estructura de administración y operaciones, han obstaculizado el progreso.
El informe, titulado “El Futuro del Sector Eléctrico en República Dominicana”, considera como uno de los retos más importantes vencer el retroceso en la implementación de políticas cada vez que hay cambio de gobierno o de administración.
Entre los hallazgos planteados está la impostergable revisión de los roles y estructura de los organismos reguladores, a fin de evitar la superposición de funciones, prevenir la politización de los procesos y decisiones, así como mejorar la gestión y supervisión en el sector.
El estudio considera urgente que el Ministerio de Energía y Minas asuma como el único cuerpo de formulación de políticas del sector eléctrico, responsable de su implementación, en cumplimiento de los artículos 1 y 2 de la Ley 100-13, en los cuales se describen las funciones de la entidad estatal.
“Corresponde al Ministerio de Energía y Minas, en su calidad de órgano rector del sistema, la formulación, adopción, seguimiento, evaluación y control de las políticas, estrategias, planes generales, programas, proyectos y servicios relativos al sector energético y sus subsectores de energía eléctrica, energía renovable, energía nuclear, gas natural y la minería…”, señala el artículo 2 de la Ley 100-13.
Recomendaciones
Entre las recomendaciones, y en cumplimiento del artículo 7 de la Ley 100-13, manda a que la Comisión Nacional de Energía (CNE) sea transferida en efecto al Ministerio de Energía, ya sea como una subsidiaria o como división dentro de la estructura de la entidad.
Sin embargo, indica que la CNE debe mantener su estatus como cuerpo independiente, aunque su rol deberá estar limitado al de consejero, particularmente para problemas técnicos y para soporte del Ministerio, que deberá tomar las funciones que actualmente realiza la entidad, de manera que se elimine la superposición de las obligaciones de las dos entidades.
Respecto a la Superintendencia de Electricidad (SIE), destaca que deberá ser un ente regulador independiente, operando dentro de un marco político definido y no sujeto a presión de entidades estatales o del sector privado.
“Su vinculación directa con la CNE no deberá ser necesaria en la práctica, ya que el papel de asesor de políticas de la institución deberá en su lugar incorporarse al Ministerio de Energía. Sin embargo, esta vinculación deberá continuar a corto plazo, hasta que sea apropiado enmendar la legislación”, apunta.
El estudio especifica que como existen responsabilidades superpuestas en las diferentes entidades productoras de políticas y supervisoras en la industria eléctrica, sería más eficiente la unificación de todas las responsabilidades reguladoras bajo un moderador único, aunque aconseja que sea un objetivo a largo plazo cuyo logro dependería de un consenso de todo el sector. A corto y mediano plazo, sin embargo, considera aconsejable en cambio definir mejor y separar los roles de los organismos existentes.
Recomendaciones
Recomienda que el superintendente de Electricidad y los directivos de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) sean designados para períodos que se extiendan más allá de los términos presidenciales de cuatro años (potencialmente seis años) o por períodos más cortos. De esta forma, dice, sus términos deben ser escalonados para que sus cargos se mantengan entre los períodos presidenciales.
El objetivo, indica, sería evitar nombramientos políticamente motivados y proporcionar estabilidad y continuidad a pesar de los cambios de gobierno, aunque el fallo en llevar a cabo sus funciones adecuadamente sería motivo más que suficiente para la terminación anticipada.
Según el informe, los comisionados nombrados por el Poder Ejecutivo deberán tener un rango de experiencia en el sector eléctrico, garantizando así su competencia técnica y deben reflejar los intereses de las partes interesadas, especialmente los de consumidores grandes y pequeños.
Transparencia en el sector
La Unidad de Inteligencia de The Economist destaca que además de la estructura de las agencias reguladoras, otro componente clave para que el sector de la electricidad funcione adecuadamente es la transparencia. Esto implica establecer requisitos de procesos adecuados de auditoría y reportes.
Aconseja realizar una auditoría de datos cuidadosamente especificada en 2016 para garantizar la exactitud de las referencias utilizadas para la medición del desempeño y seguimiento. Recuerda que se realizó una auditoría externa de la CDEEE y de las distribuidoras en 2006-07, a sugerencia del Banco Mundial.
Sin embargo, aclara que las conclusiones de la auditoría no fueron sustanciales, tal vez porque se centró el cálculo en la cifra del Índice de Recuperación de Efectivo (CRI), y por lo tanto no tomó en cuenta las cuestiones relacionadas con la subfacturación y el manejo de clientes no regulados que fueron identificados posteriormente por la administración.
Sugiere que se implemente una contabilidad separada para los segmentos de precio regulado y no regulado. A su entender, en el presente el desempeño del sector no puede ser evaluado y valorado con precisión debido a que las distribuidoras combinan datos de clientes regulados y no regulados.
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